Incluye bibliografía. Incluye anexos

Licenciado Auditoría Financiera

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Economicas, Financieras y Administrativas. Auditoría Financiera

Torrico Sevilla, Amilcar

Este trabajo tiene el propósito de conocer si los gobiernos municipales incurren en actos de corrupción, a partir de estudiar dos grandes interrogantes. 1) Como los gobiernos municipales del país vienen utilizando sus recursos públicos y en qué medida la contraloría general de la republica viene ejecutando una labor de control gubernamental sobre dicho manejo. En función a esta primera interrogante mencionada podemos observar resultados referidos a indicadores de informes de auditorías planteados como síntesis de trabajo realizado. -De un total de 902 auditorías practicadas a los gobiernos municipales, el 36% (328 de 902) tiene algún tipo de responsabilidades. Esto significa que el 4 de 10 informes tienen algún tipo de responsabilidad (Civil, Administrativa; Ejecutiva, Penal). En lo que respecta a los gobiernos municipales auditados tenemos que: -De un total de 314 municipios el 73%(229 de 314) han sido auditados. Es decir que aproximadamente tres de cuatro gobiernos municipales han sido auditados. En lo que se refiere a daño económico tenemos que: - El total del daño económico respecto a los recursos de coparticipación tributaria alcanza solamente al 3% es decir que el 97% de los recursos de coparticipación tributaria no están siendo malversados. ^ies~2) En qué medida los recursos municipales malversados son o no son recuperados por el fisco, además de intentar conocer que es lo que sucede con las autoridades que incurren en indicios de responsabilidad civil. En función a esta segunda interrogante mencionada podemos observar que en lo que se refiere a instancias coactivas tenemos que: En total se tienen 1033 procesos productos de los dictámenes de informes de auditorías con responsabilidad civil. La mayoría en un total de 614 (59%) de los procesos se encuentran en estado de notificación, el tiempo que tardan hasta llegar a este actuado procesal, es de menos de un año hasta los cinco años y por consiguiente el proceso de recuperación de adecuados se estanca con el perjuicio daño económico al estado, ascendiendo a mas de 16 millones de dólares, un 64% del total de daño económico.^ies